“Los candidatos del PRI son gente probada, con honestidad, comprometida y con experiencia, que van al encuentro con la sociedad”, señaló Ricardo Crespo Arroyo, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, durante un encuentro que sostuvieron los siete candidatos a diputados federales del PRI con miembros del Consejo Coordinador Empresarial.
Ante el presidente en Hidalgo del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Carlos Martínez Domínguez, Crespo Arroyo reconoció esta iniciativa. “Para el PRI, llegar a acuerdos es fundamental, ya que este sector es trascendental para el desarrollo social y económico del estado y del país”. No hay una economía eficaz si no tenemos una sociedad en armonía, manifestó el dirigente del tricolor.
En cuanto a las campañas que se realizan en Hidalgo, Crespo Arroyo, expresó que se realizan apegadas a la ley, teniendo como principal característica la cercanía con la ciudadanía y la presentación de propuestas viables para cada uno de los distritos.
Durante el encuentro, los siete candidatos por la coalición del PRI- PVEM, coincidieron en señalar que la ciudadanía les ha manifestado sus necesidades entre las que destacan cuatro: más empleos con un salario digno, que se fortalezca la seguridad, mejores servicios de salud y una educación de calidad.
Los empresarios dijeron que con la confianza ciudadana los candidatos priistas llegaran al Congreso de la Unión, y ya como diputados federales adopten medidas que den paso a la igualdad fiscal, que haya equidad competitiva y se ofrezcan incentivos productivos.
Los candidatos a diputados federales del PRI, suscribieron una carta de intención, con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, siendo testigos de esta firma el presidente del PRI, Ricardo Crespo y el líder empresarial Juan Carlos Martínez.
En el documento destacan cuatro puntos: tener en la agenda legislativa temas que impulsen nuevas estrategias para el crecimiento de la entidad; mantener el dialogo con el CCE y reunirse por lo menos dos veces al año; apoyar nuevas inversiones que impulsen al sector productivo y que exista un protocolo de transparencia en su quehacer legislativo.
