Diputados Piden a SEDATU Disminuir Operación del Fondo Metropolitano

La Comisión de Desarrollo Metropolitano se reunió con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín, y con el titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Isaac Gamboa Lozano, con el objetivo de analizar las reglas de operación del Fondo Metropolitano.
Durante la reunión en la Cámara de Diputados, la legisladora Emilse Miranda Munive (PRI), expresó su preocupación por que la aplicación de los recursos sea la adecuada sobre las políticas de planeación, los esquemas financieros y la vivienda rural.
La también secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, explicó que el propósito del Fondo Metropolitano es atender las necesidades de las ciudades del país, a fin de solucionar los problemas producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas, donde se concentra gran parte de la infraestructura económica y social del país.
Precisó que los recursos del fondo deberán ser destinados para planes y programas de desarrollo metropolitano, urbano y regional; estudios y evaluaciones; proyectos ejecutivos; programas, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento.
El presidente de la Comisión que tiene que ver con el desarrollo metropolitano, Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), puntualizó que para este año la operación del fondo continua supeditada a las reglas de operación 2012, en las que no se especifica la participación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la aprobación de proyectos, ni la de los municipios involucrados.
Recalcó que en las reglas de operación hay una ausencia del concepto del fenómeno metropolitano y de su problemática en las entidades federativas, lo que se constata con la ausencia o insuficiencias en la planeación metropolitana.
Fócil Pérez enfatizó que los objetivos definidos no son adecuados con la realidad actual, debido a que no están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo ni con las prioridades del Gobierno Federal, como es el caso de algunos municipios que conforman zonas metropolitanas y que están dentro de la Cruzada contra el Hambre.
“Se abre un espacio inmenso para que cada entidad federativa decida qué problemas y prioridades pueda atender con los recursos del fondo y no se está garantizando que las prioridades lo sean y que tengan un nivel metropolitano”, sostuvo.
Destacó que las diferencias normativas procedimentales y administrativas entre las entidades federativas y la SHCP provocan limitaciones para manejar adecuadamente el fondo.
Refirió que este año se aprobaron 8 mil 616 millones de pesos para el Fondo Metropolitano y hasta el día de hoy se están atendiendo 47 zonas metropolitanas, de las cuales tres concentran el 58.5 por ciento del total de los recursos, esto es, la zona del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.
Es decir, de un total de 59 zonas definidas, no se están atendiendo a 12, con una población estimada en 161 mil habitantes. Además, no se considera el concepto de pobreza en zonas urbanas en la asignación de recursos; un total de 22 millones 911 mil habitantes se encuentran en esta situación, es decir 36 por ciento de la población.
Por ello, dijo, se busca que haya democracia e imparcialidad en los fondos metropolitanos y participación de los municipios en el seno de los consejos, porque esto les permitiría proponer proyectos y buscar los consensos adecuados para éstos.
El diputado José Luis Cruz Flores Gómez (PRI) destacó la importancia de que la Comisión participe en el análisis de las reglas de operación y que haya una mayor eficacia en la aplicación de los recursos.
En su turno, el diputado Benito Caballero Garza (PRI) subrayó que es necesario que los programas y los recursos que se aplican a las zonas metropolitanas sean específicamente para obras que ataquen los problemas que las aquejan.
La diputada Araceli Torres Flores (PT) insistió en la importancia de que las reglas de operación puedan recordarse entre el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo para garantizar el ejercicio eficiente del gasto y que se impulsen proyectos en beneficio de las comunidades que integran dichas zonas.
Una consecuencia, denunció, es que en ocasiones las casas terminan abandonadas, siendo usadas por la delincuencia. “Esa es una preocupación”, apuntó.
Por su parte, la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (PRI) preguntó si la SEDATU prevé una restructuración financiera respecto a los recursos que ejerce. Consideró que si la dependencia planea el territorio, también debería de tener injerencia en programar el recurso o al menos en evaluarlo y tener la opción del manejo.
El titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que a finales de septiembre se tendrá listo el catálogo de obras indispensables para construirse en las zonas metropolitanas del país, lo cual servirá de base para definir y etiquetar los recursos del Fondo Metropolitano dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2014 de forma más eficiente.
Destacó la necesidad de reforzar el diseño, la planeación y desarrollo de las zonas metropolitanas. “Debemos llegar a noviembre próximo con 60 convenios de desarrollo urbano suscriptos entre los gobiernos federal, estatales y municipales”, estimó el funcionario.
En cuanto a la preocupación que los diputados expresaron al secretario Ramírez Marín, relativas a la revisión y simplificación de las reglas de operación, el funcionario federal se comprometió a participar en la elaboración de este esquema.
Además, a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda para garantizar que dichas reglas de operación tengan un alto contenido municipalista y participación de la sociedad, a fin de sumar a los diversos sectores en la estrategia de desarrollo metropolitano, y evitar que la precaria situación financiera de los municipios sea utilizada como una forma de presión por parte de los desarrolladores de empresas inmobiliarias.
Ramírez Marín destacó la urgencia de atender la movilidad de habitantes hacia las zonas metropolitanas, en particular en las localizadas en la zona centro del país, en virtud del constante crecimiento que registran.
La problemática de las zonas metropolitanas dijo, debe atenderse de forma integral y con diferentes criterios, pero incluyentes. El objetivo de la Sedatu, a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana, es intervenir para asegurar que todas las propuestas sean tomadas en consideración en los proyectos, ya sea municipales, interestatales o sociales.
Ramírez Marín explicó que México es uno de los países que está al fondo de la plusvalía en los predios. “Nuestro parque habitacional de 35 millones de casas, aproximadamente, tiene un cansancio entre 20 y 30 años”.
Indicó que entre más lejos están las casas hay más abandonos, lo cual tiene que ver con el tema económico y la falta rigidez de los planes de desarrollo. “Donde hay rigidez, la plusvalía es alta”, señaló.
Hay dos propuestas, dijo, la obligatoria inscripción al Registro Público de la Propiedad y el visto bueno de los congresos locales a los temas de autorizaciones municipales.
El Estado de México, destacó, tiene casi millón y medio de predios sin regularizar. “La mayor parte son viviendas en precariedad. Hay una gran oportunidad para un programa social que consolide la reserva, le de vivienda a estos ciudadanos y se termine el tema de regularización”.
Mencionó que la industria de la vivienda representa el 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Agregó que si se construye como hasta el momento, “se tendrá un fenómeno de desocupación impresionante”.
De acuerdo con el INEGI, dijo, hay 4.5 millones de casas desocupadas y, en la revisión de los gobierno estatales existen 120 mil, pero con televisión y con consumo de energía eléctrica. “Tiene que haber un censo mucho más detallado”.
El titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Isaac Gamboa Lozano, indicó que todos los proyectos se revisan en el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos al interior de las entidades federativas y el Consejo para el Desarrollo Metropolitano es quien valida todos los proyectos que le hacen llegar a la SHCP.
Precisó que se revise el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las reglas de operación vigentes y que, “efectivamente, creemos que es un documentos perfectible y que se debe avanzar en dotar de mayor transparencia”.
Señaló que a partir de las reglas de operación vigentes se están haciendo algunas precisiones y consideraciones. Estimó que sería una buena idea empezar a trabajar a partir de las reglas vigentes, como un documento base sobre el cual se deben hacer las modificaciones.
Mencionó que se está trabajando de forma muy clara para que los proyectos que se presentan a la SHCP cumplan con los requisitos, que esté justificado el tema de cada uno y que los recursos se ejecuten dentro de las zonas metropolitanas.
“Creemos que hay revisar a fondo las reglas de operación y la participación de la SEDATU”, puntualizó.
Gamboa Lozano pidió a los legisladores un voto de confianza para el nuevo gobierno federal, en cuanto al ejercicio del presupuesto en materia metropolitana, y porque ninguno de los proyectos revisado por la Cámara de Diputados ha sido aprobado por esta administración.