Hidalgo Sport.- En la sesión 37 de la Cámara de diputados local se dictaminó a favor de establecer un programa ambiental en que se dé difusión al perjuicio y deterioro que causan las bolsas y popotes de plástico. Se presentaron asimismo tres iniciativas, relativas a trabajadores del gobierno, reformas a la legislación para homicidios por razones de odio, acoso laboral y “ciberacoso” y el problema de la omisión del uso de casco de motociclistas.
La Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales emitió el dictamen, presentado por el diputado Miguel Ángel Peña Flores, para promover la conciencia ecológica o informar a la ciudadanía sobre las posibles alternativas de sustitución, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones de regulación del uso de plásticos de un solo uso descartables, y sancionar en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente.
La diputada María Luisa Pérez Perusquía subió a tribuna para apoyar esta propuesta, y explicó que es necesario desincentivar el uso de plásticos, y dijo que el tema es de leyes, es de reglamentación, pero principalmente es de sensibilización ciudadana. Es necesaria una nueva cultura de consumo. Afortunadamente la sociedad está tomando conciencia acerca del medio ambiente, explicó.
La legisladora Viridiana Jajaira Aceves Calva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 125 y 126 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos estatal y municipales, así como de los organismos descentralizados del estado, mediante el cual y para garantizar los derechos al debido proceso y de defensa –en el juicio laboral de los entes de la administración pública centralizada o descentralizada– se debe regular en consonancia con el ámbito del apartado a del artículo 123 de la carta magna la posibilidad de que las partes puedan comparecer al proceso jurisdiccional ya personalmente ya por conducto de apoderado jurídico –existiendo la posibilidad de que el trabajador (cuando así lo solicite) sea asesorado legalmente por defensores que a la fecha proporciona el estado.
Mientras tanto, Lucero Ambrocio Cruz y Armando Quintanar Trejo, diputados morenistas, emitieron una iniciativa por la cual se reforma la legislación para señalar que comete delito de homicidio por razones de odio el que prive de la vida a otra persona en razón de la orientación sexual o identidad de género, y se le impondrá una pena de veinticinco a cincuenta años de prisión.
Asimismo, las y los diputados Areli Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática; Claudia Lilia Luna Islas y Areli Maya Monzalvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Lucero Ambrocio Cruz, Víctor Osmind Guerrero Trejo y Armando Quintanar Trejo, del Grupo Parlamentario de Morena, y Miguel Ángel Peña Flores, del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo a favor de penas para quienes incurran en el condicionamiento del ingreso a puestos laborales o conservación de ellos por favores sexuales para sí o para una tercera persona.
Abundaron en que quien tenga conductas de naturaleza sexual indeseable, cause daño o sufrimiento psicoemocional que lesione la dignidad, deberá sufrir prisión de dos a seis años y de 30 a 120 días multa.
Se pronunciaron además por legislar en favor de penas para el “ciberacoso”, definido como el que se verifica a través de medios informáticos. La propuesta incluye la reforma al artículo 189 Ter, para quedar como sigue: “Comete el delito de ciberacoso quien hostigue o amenace por medio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicación (TICS), redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad personal”.
El concepto puede referirse a un acto de manera intencionada que se lleva a cabo de manera constante o repetitiva, estableciendo comunicación por medios electrónicos, dejando en vulnerabilidad a la víctima para poder defenderse, señalaron los legisladores.
José Luis Espinosa Silva presentó por su parte el Acuerdo Económico con el tema “Accidentes en motocicleta, un problema de salud pública que aumenta”, mediante el cual propuso la campaña de educación vial “Usa la cabeza, ponte casco”, que pide la promoción del uso de casco, respetar los límites de velocidad y no exceder la capacidad de cupo, y exhortó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que, en el ámbito de sus facultades, implemente estrategias para verificar el correcto funcionamiento vial de motociclistas y la aplicación de sus reglamentos de tránsito y vialidad de cada municipio.
La diputada Claudia Lilia Luna Islas presentó el Acuerdo Económico “Exhorto al Consejo General del IEEH” en el que pidió al Consejo General del Instituto Estatal Electoral estatal para que proceda a la creación de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Indígenas con el objeto de proporcionar atención, orientación, diseño y ejecución estrategias cuya finalidad sea promover la participación igualitaria y equitativa de los integrantes de los pueblos indígenas en los procesos electorales que se realicen en la entidad.
Viridiana Jajaira Aceves Calva subió a tribuna para presentar su “Exhorto a Autoridades Federales”, mediante el cual señaló que se perjudica de forma indirecta a las familias al dar por terminados los beneficios en materia de salud del Programa Prospera, que de forma directa se afecta a quienes prestaban sus servicios profesionales y técnicos, al perder su fuente de trabajo ya que de forma específica estos trabajadores de la salud, colaboraban en el desarrollo y manejo de las acciones y condiciones del mismo.
Derivado del comunicado que funcionarios de los servicios de salud de la entidad recibieron sobre la conclusión del componente Salud de Prospera, relató la legisladora, las autoridades notificaron al personal que se daba por concluida toda relación laboral a partir del pasado primero de marzo.
Dijo que esa situación deja desempleados a más de 270 trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, promotores de salud, nutriólogos, psicólogos, trabajo social y personal administrativo) que brindan servicios médicos, acciones de promoción de la salud, detección y atención oportuna de problemas de desarrollo en menores de cinco años, que fomentaban y mejoraban el autocuidado de la salud, así como el impulso para el acceso a servicios de salud de calidad.
Explicó además que la medida afecta a 272 hombres y mujeres, así como a 730 auxiliares de salud. “Hoy la decisión de las autoridades federales ha dejado a cientos de hogares sin sustento y de igual manera el cierre del componente Salud deja a 172 mil 819 familias sin cobertura médica”, señaló Aceves Calva.
El diputado Julio Valera Piedras se pronunció en tribuna por el mantenimiento de un programa que dijo, fue visualizado por otros países, se trata, dijo, de una política pública que “sí tiende a cambiar las historias de las familias, que contribuyó a reducir la brecha intergeneracional; se sumó al llamado “por todo lo que se haya hecho mal, pero no comparto que se puedan borrar políticas públicas de un plumazo”, demandó.
